¿Cómo se ha liberalizado el mercado eléctrico español?

En la actualidad son muchos los países que se encuentran inmersos en procesos de liberalización y apertura a la competencia de sus respectivos mercados eléctricos. En España este proceso comenzó en 1997 con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 (reformada por la Ley 24/2013). 

La inspiración para este proceso de liberalización se encuentra en los movimientos económicos en EEUU y Reino Unido de la década de 1980, que apostaron por la privatización de infraestructuras y servicios públicos hasta entonces fuertemente dominados por oligopolios y estrechamente controlados por los gobiernos. La Directiva europea 96/92/CE sentó definitivamente las bases del proceso liberalizador a nivel conjunto de los países de la Unión Europea, pero su insatisfactorio desarrollo ha obligado a la aprobación de las Directivas 2003/54/CE y 2009/72/CE con el objetivo de reforzar las condiciones para una competencia real y equitativa y para la implantación de un auténtico mercado único europeo.

La liberalización persigue una mayor eficiencia en las inversiones y la operación de los sistemas eléctricos, con el objetivo de reducir los costes. El resultado final debe ser la reducción del precio que los usuarios finales pagan por la electricidad y el incremento en la calidad y fiabilidad del suministro.

Esta reestructuración del sector eléctrico ha significado el paso de una estructura vertical, donde todas las actividades estaban agrupadas, a otra organización donde generación, transporte, distribución y comercialización operan independientemente. 

 organizacion del mercado electrico español

La generación y la comercialización de electricidad se realizan en competencia en el nuevo mercado eléctrico, mientras que el transporte y la distribución se mantienen como actividades en monopolio reguladas por el Gobierno. 

La comercialización es una actividad nueva desde 1998, realizada por empresas que tienen como función la compra de energía en el mercado mayorista y su venta a los clientes cualificados o a otros agentes del sistema. Las comercializadoras no pueden poseer redes de distribución, pero tienen derecho de uso de las redes de transporte y distribución para llevar la energía hasta sus clientes, a cambio del pago de un peaje o tarifa de acceso a la red, regulado por el RD 1164/2001. 

Aunque el desarrollo legislativo del sector eléctrico es extensísimo, las referencias legales básicas para comprender el funcionamiento del sistema se pueden encontrar en el RD 2019/1997 que organiza el mercado de producción, y en el RD 1955/2000, modificado por el RD 1454/2005 y el RD 1048/2013, que regula las actividades de transporte, distribución y comercialización.

En este nuevo escenario, las empresas distribuidoras mantienen su función de distribuir la energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los puntos de consumo. Su retribución está actualmente regulada mediante el RD 1048/2013.